En las sociedades democráticas contemporáneas el debate político no solo se ha centrado en la controversia acerca de la justicia, sino que también ha girado en torno a la tensión entre igualdad y libertad. La libertad y la igualdad son, junto con la justicia, los tres grandes valores que caracterizan a una sociedad moderna y democrática. Todos estamos de acuerdo en reconocer que son fundamentales para garantizar nuestra convivencia.
Pero existen importantes diferencias a la hora de evaluar la importancia relativa de cada uno de ellos. Si se produce un conflicto entre distintos valores, ¿cuáles son los valores que debemos priorizar? ¿Es más importante garantizar la libertad o defender la igualdad de toda la ciudadanía? Y, cuando hablamos de la igualdad o de la libertad ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
La democracia moderna está basada en el Estado de derecho, que establece el imperio de la ley y garantiza la igualdad jurídica de toda la ciudadanía. Para algunos pensadores este es el sentido fundamental que debería tener el concepto de igualdad en nuestras sociedades. Lo importante es que la ley sea la misma para todos y todas y que también todas las personas tengamos los mismos deberes y obligaciones.
Según esta visión, una vez garantizada esta igualdad básica, la ciudadanía debería tener la posibilidad de elegir por sí misma el tipo de vida que desea vivir. Quizá algunas personas estén satisfechas con una vida sencilla y tranquila, mientras que otras personas prefieran correr riesgos o esforzarse mucho para prosperar. El Estado no debería inmiscuirse en estos asuntos, que atañen únicamente a la vida privada de los ciudadanos y ciudadanas. LA libertad de iniciativa individual debería prevalecer, incluso si eso acaba produciendo grandes diferencias de riqueza y posición social entre los que tienen éxito y los que fracasan. Intervenir en este proceso para corregir las diferencias económicas que pudieran surgir supondría atentar contra la libertad de los ciudadanos y ciudadanas y contra la justa retribución del esfuerzo y el mérito.
A este planteamiento se opone el de quienes considera que la igualdad no sólo debe entenderse en un sentido restrictivo, como igualdad de derechos o igualdad ante la ley. Según este punto de vista, una sociedad no puede ser realmente justa cuando existen grandes diferencias de riqueza y de posición social entre unas personas y otras. Por eso, para garantizar que la sociedad sea más igualitaria, el Estado debería intervenir repartiendo la riqueza y ofreciendo recursos a quienes lo necesiten. Para ello, puede que sea necesario establecer límites a la libertad individual, por ejemplo mediante una regulación de las actividades económicas o aplicando una política fiscal redistributiva.
Las distintas visiones acerca de la prioridad que debemos otorgar a unos valores u otros explican que en nuestra democracia haya diferentes partidos políticos que se corresponden con orientaciones ideológicas diversas.
(C.Prestel Alfonso. Filosofía Bachillerato. Editorial Vicens Vives. Barcelona. 2022)