La pobreza es un problema que afecta especialmente a los países en vías de desarrollo, en los que las desigualdades sociales condicionan el acceso a los bienes y a los servicios básicos.
Ahora bien, este problema también ocurre, aunque en menor medida, en países desarrollados económicamente: es lo que se ha denominado el “cuarto mundo”.
Hay que tener en cuenta que la pobreza impide el acceso a muchos derechos humanos como la educación, los servicios sanitarios, la vivienda, etc.
Habitualmente, se suele definir la pobreza en términos de ingresos insuficientes: en el Banco Mundial se considera pobre a aquella persona que ingresa menos de 1,9 dólares al día. Sin embargo, la extrema pobreza es multidimensional, puesto que afecta a otros bienes y servicios, más allá de los ingresos.
Actualmente, según el Índice de Pobreza Multidimensional (PM) del año 2020, elaborado por la ONU, más de 1300 millones de personas (el 22% de la población mundial) viven en estado de pobreza.
En el IPM se tienen en cuenta tres grandes factores (el acceso a la educación, a la sanidad y al bienestar) que, a su vez, se concretan en diez ítems (número de menores escolarizados, mortalidad infantil, agua potable, vivienda, etc.).
Según dicho informe, el 84,3% de las personas en situación de pobreza multidimensional vive en África subsahariana (558 millones) y en Asia meridional (530 millones).
La gente que vive en la pobreza suele estar atrapada porque está excluida del resto de la sociedad. Se enfrentan a amenazas contra su seguridad y la de su familia, y están expuestas a la violencia estatal y a la de los grupos armados. Probablemente su hogar, sus pertenencias y su medio de vida no están protegidos por la ley. No pueden acceder a una protección social mínima en caso de enfermedad o de pérdida de su medio de vida. Las mujeres y las niñas están especialmente expuestas a la violencia y sufren un doble rechazo: tanto la familia como la sociedad las excluyen de los procesos de toma de decisiones y les niegan cualquier poder.
Con demasiada frecuencia, los tribunales, la policía, los organismos asistenciales, los servicios urbanos y el sistema educativo tratan a quienes viven en la pobreza con desprecio o indiferencia. Sus opiniones no se tienen en cuenta. Se reprimen sus esfuerzos por organizarse y no se les permite informarse de las cuestiones vitales para sus comunidades. Ya sea porque se les silencia deliberadamente o porque la indiferencia les hace enmudecer, el resultado es que no tienen voz.
Las vulneraciones a los derechos humanos causan y perpetúan la pobreza. Y la pobreza conduce directamente a esos abusos.
Pero los derechos humanos son la clave para salir de la trampa. Constituyen el único marco global en el cual todas las personas tienen derecho a obtener alimentos y agua, a la asistencia médica básica, a la educación y a la vivienda, a la igualdad de oportunidades, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad, a vivir sin miedo, a participar...
Amnistía Internacional pide a los gobiernos:
– Que garanticen todos los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación.
– Que establezcan mejor las prioridades de gasto del dinero, poniendo en primer lugar a las personas más desfavorecidas.
– Que den prioridad a unos niveles mínimos esenciales de derechos, como la educación primaria gratuita.
– Que dejen de expulsar a las personas de sus casas sin previa notificación, sin una indemnización o sin una consulta adecuadas.
– Que firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
– Que los proyectos de desarrollo económico (como infraestructuras o minería) ayudan a las personas más desfavorecidas y no causen abusos contra los derechos humanos.
( D Sánchez Meca, J.D. Mateu Alonso. 1 Bachillerato Filosofía. Editorial Anaya Operación mundo. Madrid. 2022. Amnistía Internacional)