LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA

IMMANUEL KANT Constitución republicana es la establecida de acuerdo con los principios  de la libertad, de la igualdad y de la ciudadanía de los miembros de la sociedad civil. Es, además, la que se atiene a los principios de la soberanía popular, mediados por los principios de la representación y de la división de poderes.
1.1. Los derechos del individuo.
Constitución republicana es la que se determina de acuerdo con los tres principios de:
 a) libertad de cada miembro del Estado en cuanto hombre, b) de la igualdad de todos los miembros del Estado en cuanto súbditos y c) de la independencia de los mismos en cuanto ciudadanos. Estos principios dan expresión a los derechos innatos, fundados en la naturaleza humana: derechos universalmente válidos, por tanto, que constituyen una norma para el derecho positivo y cualquier legislación. Toda constitución ha de basarse en ellos y tiene por objeto garantizarlos y protegerlos. Son los derechos de la libertad, de la igualdad y de la ciudadanía.

 

    a. El derecho (o principio) de la libertad. Hablamos aquí de la libertad jurídica como la facultad de no obedecer ninguna ley exte-rior sino en tanto en cuanto he podido darle mi consentimiento. Esto significa que quienes obedecen las leyes deben ser también los autores de esas leyes. Aquí Kant hace suya la idea de autolegislación de Rousseau. Éste entiende las leyes como actos de la voluntad general y sostiene que sólo el consentimiento de todos legitima la legislación pública, dado que nadie es injusto consigo  mismo y, por tanto, las leyes, cuando emanan de la voluntad general no pueden ser injustas. Es el punto de vista de Kant: el poder legis-lativo ha de corresponder a la voluntad unida del pueblo, pues sólo cuando deciden lo mismo cada uno sobre todos y todos sobre cada uno puede excluirse que se haya cometido injusticia contra nadie mediante la legislación.

 Como Rousseau, defiende Kant que en el Estado republicano la ley es soberana y no depende de nadie en particular; sólo depende de la voluntad unida del pueblo, al que corresponde en exclusiva el poder de legislar.

 El concepto Kantiano de “voluntad unida del pueblo” tiene su origen en el rousseauniano de “voluntad general”. Pero Kant pone el acento en el carácter racional de la voluntad, a la que identifica con la razón práctica autolegisladora. Es la voluntad racional de los miembros del cuerpo político la que funda la validez universal de la legislación. Rousseau opone a la voluntad general, que tiene la mira puesta en el bien común, la voluntad de todos entendida como suma de los intereses egoístas de los individuos, y que no puede ser, por tanto, el principio de una legislación universal. Kant, por su parte, señala que el Derecho no es la creación de los arbitrios de los miembros del Estado, sino de la voluntad unida del pueblo, que es una voluntad racional.

 El primer principio de la constitución republicana aleja a Kant de Hobbes, para aproximarle decididamente a la tesis de la soberanía popular de Rousseau. Según Hobbes, hay que salir del estado de naturaleza para asegurar la supervivencia y la felicidad. Por eso puede valer, para Hobbes, como solución al problema que plantea el estado de naturale-za, el Estado absoluto. En Kant, en cambio, la exigencia de salir del estado de naturaleza procede de la razón práctica, que manda proteger la libertad de las personas, y el Estado, en consecuencia, tiene que estar en consonancia con la libertad: sólo puede ser un Estado republicano basado en la autonomía. El Estado absoluto es, para Kant, incompatible con la condición de persona racional del hombre.
   

    b. El derecho (o principio) de la igualdad. Este derecho corresponde a la condición de súbditos de los ciudadanos, y comprende la igualdad de todos en cuanto súbditos- ante la ley. Las leyes son universales: todos están sometidos a las mismas leyes; todos tienen igual derecho de valerse de ellas para defender sus derechos.

 El derecho de la igualdad aparece formulado en el “principio de la dependencia de todos respecto a una única legislación común”, y comporta que nadie puede imponer a otro una obligación jurídica a la que no se someta él mismo a su vez. El principio de la igualdad está contenido en el principio de la libertad: “Si todos somos libres, todos so-mos iguales”, todos pueden obligar a todos y nadie puede ser obligado por otros más que a aquello a lo que él puede obligarles también a ellos. Si todos son libres, todos son legisladores.

 Pero el principio de la igualdad admite, según Kant, una excepción: la del soberano, al que Kant no identifica con el pueblo como Rousseau y al que corresponde el monopolio de la coacción mediante leyes, sin estar sometido él mismo a leyes de coacción. Según Rousseau, también el príncipe está sometido a las leyes; según Kant, todo miembro de la comunidad tiene derecho de coacción sobre cualquier otro, excepto sobre el jefe del Estado, que no es miembro de la comunidad, sino su creador, y que es el único que puede coaccionar sin poder ser coaccionado. Quien es jefe no puede ser súbdito ni estar sometido a nadie.

 La separación del soberano y súbditos va unida a la distinción entre soberanía popular y soberano efectivo. Kant entiende la soberanía popular como una idea que necesita hacerse efectiva en un soberano de hecho que no es el pueblo entero y en relación con el cual los demás hombres son súbditos. Para ser eficaz en el cumplimiento de las funciones del Estado (legislar, gobernar y juzgar según las leyes), la voluntad unida del pueblo tiene que encarnarse en una persona física (el Monarca) o moral (los diputados) que confiera efectividad al poder que sostiene a la comunidad política.
  
 Según Kant, no hay un derecho de coacción del pueblo sobre el soberano y, por ello, no puede ser admitido un derecho de resistencia del pueblo frente al soberano, ni siquiera frente al soberano ilegítimo (el tirano) que dicta leyes injustas. Kant piensa que la idea misma de derecho público, entendido como orden legal coactivo, supone la existencia de un poder capaz de obligar, a la vez que excluye el reconocimiento de un derecho a oponerse a ese poder. Al provocar la ruina del derecho y del Estado, la revolución equivale a la vuelta al estado de naturaleza y a la anarquía, lo cual es peor que padecer una constitución civil injusta. Kant prefiere la injusticia al desorden.
 
 No hay, pues, derecho a la insurrección ni hay razón alguna que legitime la desobedien-cia civil. Aún en el caso de leyes injustas, el súbdito debe obedecer. De aquí  no se sigue, sin embargo, que Kant otorgue legitimidad a la tiranía o que autorice al soberano a hacer lo que quiera. El soberano está sometido a ciertas limitaciones: no puede ser propietario, no puede destituir a los funcionarios del Estado, etc. Y sobre todo, el soberano está limitado por las leyes éticas: está sometido a ellas y al deber de atenerse, al legislar, a los principios del derecho y de la razón. No está sometido a las leyes jurídicas, pero sí al imperativo moral de legislar de acuerdo con las exigencias de los derechos de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Si atendemos solamente al punto de vista jurídico, el soberano, ante el súbdito, sólo tiene derechos y ningún deber. Pero si se toma en consideración lo que exige la ética, el jefe del Estado tiene obligaciones morales para con el pueblo. Kant considera espantosa la opinión de Hobbes según la cual el soberano puede disponer del ciudadano como desee, no pudiendo incurrir nunca en injusticia contra él. Contra Hobbes, Kant concede a los ciudadanos derechos ante el soberano: no el derecho de coaccionarle no el de resistirle, no derechos exigibles jurídicamente, pero sí derechos absolutamente inalienables.
 Porque tiene derechos inalienables, al ciudadano se le ha de reconocer la facultad de dar a conocer públicamente, mediante la crítica razonada y respetuosa, su opinión sobre lo que él considera injusto en la legislación o en el gobierno. Kant ve en la crítica la más adecuada realización de la legítima función de control del poder político y, en la libertad de pensamiento y de expresión, un principio capital del Estado republicano. Para lograr la síntesis del estado fuerte y eficaz con la salvaguarda de la libertad, Kant une al principio de la obediencia sin condiciones el principio de la libertad de expresión entendida ésta como estimulo de las reformas que vayan aproximando progresivamente el Estado al ideal de la constitución republicana. Los cambios en una constitución política defectuosa sólo pueden ser introducidos por el soberano, que debe oír a los filósofos y a los intelectuales cuando hacen públicas sus ideas sobre las reformas que es preciso introducir en las leyes y en las instituciones para adecuarlas a las exigencias del concepto racional de derecho. Kant insta al soberano a asumir las reformas que hagan innecesaria la revolución, opción que representa la amenaza constante de los Estados constituidos según el principio de la soberanía del pueblo entero tal como la entiende Rousseau.
 
 Kant distingue entre la igualdad jurídica  e igualdad económica, social, etc. Kant res-tringe el derecho de la igualdad al ámbito jurídico (igualdad ante las leyes), excluyendo que se haga depender esta igualdad jurídica de diferencias empíricas de ningún género (desigual riqueza o posición social, diferencias derivadas de  nacimiento, la raza, el sexo o la religión, etc). Estas desigualdades y diferencias no tienen efectos jurídicos. Todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, son iguales ante la ley. La igualdad jurídica es com-patible, así lo dice Kant, con las mayores desigualdades en riqueza y poder.
 
 Al restringir la igualdad al ámbito jurídico, Kant va a establecer como única competencia del estado garantizar la igualdad jurídica, sin arrogarse la facultad de intervenir en otras esferas para corregir las desigualdades económicas, sociales, etc. El fin del Estado es proteger el derecho, no proporcionar felicidad a los ciudadanos. Sí defiende Kant, sin embargo, que el principio de la igualdad comprende el derecho de todo ciudadano a mejorar su posición económica, social, etc, en la medida en que se lo permitan su talento, su trabajo y su suerte. Lo que debe garantizar el Estado, según Kant, es la igualdad de oportunidades para que la movilidad social sea una posibilidad al alcance de todos dentro de la comunidad.
 

    c. El derecho de ciudadanía. Al derecho de ciudadanía corresponde el principio de independencia de los miembros de la sociedad en tanto ciudadano (principio de “igualdad de todos los súbditos en cuanto ciudadanos”). Este derecho se refiere a los miembros de la sociedad civil en tanto sujetos activos que participan en la legislación a través del voto.
 
 Ciudadano, según Rousseau, es el miembro de la sociedad civil en tanto participa de la autoridad suprema legisladora; según Kant, ciudadano es quien participa en la legislación mediante la elección de sus representantes a través del voto. Ahora bien, Kant sostiene que no todos los miembros del estado pueden participar en la elección de representantes. Las leyes emanan de la voluntad unida del pueblo, pero el derecho a participar en la legislación mediante el voto no es un derecho de todos. Rousseau defiende que todos son ciudadanos. Kant, en cambio, establece una distinción entre hombre y ciudadano. Todos lo hombres son libres en tanto hombres e iguales en tanto súbditos, pero no todos son iguales en lo relativo a la participación en la legislación mediante el voto; la ciudadanía se vincula a la independencia civil.
 
 Aquí introduce Kant su distinción entre ciudadanos activos y pasivos. Ciudadano activo es el hombre independiente, el que es dueño de sí y no debe a otro la conservación de su existencia. La independencia civil la vincula Kant a cualidades naturales, como la mayoría de edad y pertenecer al sexo masculino, y a cualidades adquiridas, como ser propietario: poseer como medio de existencia alguna propiedad (tierra o algún arte, oficio, ciencia, etc) .Ciudadanos activos son, pues, los propietarios, los profesionales liberales y los funcionarios del estado. Sólo ellos tienen derecho a voto.
 
 Ciudadanos pasivos serán, además de las mujeres y los niños, los asalariados, esto es, las personas económicamente dependientes de otros. Estas personas, que forman la mayoría de la sociedad, en tanto no poseen personalidad civil están sometidos a la voluntad de otro, carecen de libertad de juicio y de capacidad de decisión y, por ello, tienen que ser representados por otros en la función de participar en la legislación mediante el voto.
 
 Debe señalarse, con todo que, según Kant, el derecho de la igualdad jurídica comprende el derecho a la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, el derecho de todos a acceder a la propiedad para ascender así del estado de ciudadano pasivo al de ciudadano activo. Sin embargo, esta vía de promoción abierta a los asalariados no puede ser recorrida por las mujeres. Este punto del pensamiento kantiano ha sido reiteradamente objeto de crítica feminista.

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