LA DIVISIÓN DE PODERES EN UN ESTADO DE DERECHO

1. La independencia de los poderes en un Estado de derecho.

Para que las leyes sean verdaderamente universales es necesario que exista un poder incomparablemente mayor que ningún otro, que haga cumplir las leyes, y que este poder se ejerza desde tres sitios distintos: desde el legislativo, desde el ejecutivo y desde el judicial.

Pero aunque estas dos cosas son necesarias para que sean las leyes las que gobiernen, no son suficientes, sino que hace falta algo más: hace falta que los ciudadanos que vayan a ocupar los puestos de legisladores, ministros o jueces sean suficientemente independientes y autónomos a la hora de cumplir con sus funciones. Veamos, en primer lugar, las particularidades que se introducirían en las leyes, impidiendo su efectiva universalidad, si los legisladores no fuesen suficientemente independientes:

En el siglo XVIII era habitual distinguir entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Los ciudadanos activos eran aquellos que no sólo estaban obligados a obedecer las leyes, sino que también estaban capacitados para colabora en su elaboración. A los ciudadanos pasivos, en cambio, no se les permitía colaborar en la elaboración de las leyes, aunque sí estaban obligados a obedecerlas exactamente igual que cualquier otro. Entre los ciudadanos pasivos se encontraban las mujeres, los niños, los extranjeros, los discapacitados psíquicos y todos aquellos que no tenían propiedades. Y solo eran considerados ciudadanos capaces de formular leyes los varones mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales que tuvieran la nacionalidad del país que fuera y que tuviesen una cantidad suficiente de propiedades.

Hoy, en muchos países, sólo siguen formando parte de la ciudadanía pasiva los niños, los extranjeros y los discapacitados psíquicos, y una gran mayoría de ciudadanos piensa que considerar, por ejemplo, a las mujeres como ciudadanas pasivas sería una asquerosa discriminación. Sin embargo, algunos de los que defendían la necesidad de prohibir la posibilidad de elaborar las leyes a todas estas personas no eran unos fanáticos de la tiranía y la discriminación, sino que eran filósofos ilustrados que tenían sus argumentos para defender esta distinción. Decían que si se permitiese que los niños votasen, el padre de una familia de 9 hijos podría votar 10 veces en vez de sólo una, puesto que sus hijos harían exactamente lo que él les pidiese que hicieran. A las mujeres, en un momento en el que no se les permitía estudiar y todas sus decisiones tenían que estar autorizadas por sus maridos, les pasaba exactamente lo mismo. Con los discapacitados psíquicos se argumentaba que era relativamente sencillo embaucarlos para que hiciesen lo que las personas que los tenían a su cargo quisieran que hiciesen. Y exactamente lo mismo pasaba con las personas que no tenía propiedades, puesto que el dueño de una casa que tenía a 20 sirvientes a su cargo podía presionarles para que éstos votasen lo que él decidiera. Si no se hubiese restringido el derecho al voto a sólo aquellos que tenían propiedades, los que tenían muchas propiedades habrían tenido muchos votos (pues tendrían más sirvientes), mientras que los que tenían pocas propiedades habrían tenido pocos votos (al tener pocos sirvientes). A partir de este tipo de razonamiento, que mostraban que las condiciones materiales de todos estos colectivos hacían imposible que fuesen suficientemente independientes, no se les permitió que contribuyesen a la elaboración de las leyes.

Si en aquel momento alguien hubiese querido acabar con la discriminación otorgando derechos de voto a todos los que eran hasta el momento ciudadanos pasivos, lo que habría ocurrido habría sido más bien lo contrario de lo que se pretendía: habría aumentado la discriminación, puesto que se habría disparatado el poder que ya tenían los muy poderosos. Lo que había que hacer para acabar con la discriminación no era permitir de golpe que todos los ciudadanos pudiesen votar, sino comenzar por garantiza que todo aquel que votase lo pudiese hacer de manera autónoma e independiente. Eso no podía hacerse en algunos casos: no era posible garantizar la independencia a los discapacitados psíquicos y, en el caso de los menores de edad, podría discutirse cuál era la edad a partir de la cual un menor podía decidir autónomamente acerca de las leyes (permitiéndose hoy en algunos países desde los 16 y en otros prohibiéndose hasta los 21), pero estaba y está claro que un niño de 4 años no decide independientemente de lo que piensen sus padres. Por eso, tiene sentido seguir manteniéndolos como ciudadanos pasivos, aunque intentando poner un especial cuidado en la defensa de sus derechos.

Pero no ocurre lo mismo con los extranjeros, las mujeres y los que no tienen propiedades. En estos casos, la manera adecuada de conseguir acabar con la discriminación pasa no sólo por reconocer formalmente su derecho al voto, sino por conseguir también que sean materialmente independientes, es decir, que tengan suficiente recursos para que nadie pueda presionarlos a la hora de votar. Esto se consiguió en parte gracias a la instauración del voto secreto, que garantizaba la posibilidad de que nadie supiese lo que otro había votado. Pero junto al voto secreto son necesarias otra serie de garantías que permitan la independencia de todos los ciudadanos como legisladores: la educación universal pública y gratuita (que garantice que nadie pueda ser fácilmente embaucado y tenga un juicio autónomo sobre los problemas sociales) y la existencia de unas mínimas condiciones materiales de subsistencia

(para que nadie pueda ser chantajeado y obligado a votar unas leyes sólo porque en caso contrario su salud, su puesto de trabajo y su supervivencia peligrarían).

Si una gran empresa exigiese de un país que no se le obligase a pagar impuestos o, en caso contrario, se llevaría todas sus fábricas a otro país, los trabajadores de esa empresa tenderían a legislar a su favor si no tuviesen garantizada ya por otra vía su subsistencia. Por eso, es necesario que la subsistencia de los ciudadanos esté garantizada con independencia de todos los poderes socioeconómicos, ya que en caso contrario los deseos particulares de ciertas empresas (o incluso de todas las empresas en conjunto, ya que en bastantes ocasiones los intereses de las empresas están enfrentados con los intereses de los trabajadores en conjunto) se convertirían en leyes y la universalidad no sería ya más que un disfraz tras el que se esconderían los intereses de los más poderosos. Si los legisladores tienen que pedir permiso a otros para subsistir, las leyes estarán sesgadas hacia las particularidades que más interesen a estos otros y su universalidad quedará, por tanto, en entredicho.

2. La independencia del poder ejecutivo y el judicial.

No sólo son los legisladores los que ha de ser independientes para elaborar leyes, sino que los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial, también han de serlo si se quiere que las leyes no resulten sesgadas en su interpretación y su aplicación. La independencia del poder ejecutivo se consigue de una manera parecida a lo que ya hemos visto en el legislativo: impidiendo que los grandes poderes socioeconómicos de un país tengan la fuerza suficiente para influir en la elección del presidente del gobierno y sus ministros. Para ello es importante garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la misma voz para elegir al poder ejecutivo, y esto sólo es posible con una reglamentación de las campañas electorales y de las discusiones públicas (que se producen a través de los periódicos, las televisiones y los medios de comunicación en general) que permita que toda la ciudadanía sea capaz de expresar ante los demás sus opiniones acerca de quiénes son los más capacitados para aplicar las leyes.

Por lo que respecta al poder judicial, son necesarias otras garantías para conseguir que la interpretación de las leyes no las vuelva particulares. Para conseguir la independencia del poder judicial es necesario que la subsistencia de los jueces no dependa de ningún poder socioeconómico. Por eso no puede permitirse que, por ejemplo, los jueces están patrocinados por las empresas: un jugador de fútbol puede, quizá, estar patrocinado por una marca de ropa deportiva, pero un juez no puede estar pagado por una empresa, ya que entonces podría interpretar las leyes de una forma favorable a ésta, con lo que éstas dejarían de ser universales. Pero para que los juicios sean justos es necesario, además, que todas las partes que se enfrentan en ellos tengan las mismas posibilidades para defender sus argumentos y sus puntos de vista. Si se enfrentasen en un juicio una persona muy rica, que pudiese contratar a 200 abogados para su defensa, y un pobre mendigo que a duras penas puede defenderse, el primero tendría muchas más posibilidades de ganar el juicio y, de este modo, sería posible que sistemáticamente los juicios favoreciesen a los que disponen de más dinero. Por ello, si queremos conseguir que la justicia trate por igual a los que tienen muchos recursos que a los que tienen pocos, todos los ciudadanos y ciudadanas que sean juzgados han de contar con las mismas posibilidades de defensa y acusación. Esto se conseguiría, por ejemplo, si se sortease antes de cada juicio quién será el abogado de cada parte entre todos los abogados que están disponibles en un cierto Estado, imposibilitando que unos ciudadanos tuviesen más capacidad para encontrar argumentos a su favor que otros.

Vemos así que, aunque pudiera parecer sencillo que una sociedad esté en Estado de derecho, son muchos los obstáculos que se interponen en la conquista del gobierno de las leyes universales. La forma de ley impone una serie de condiciones que es necesario tener en cuenta para que no se cuelen en el gobierno de una sociedad voluntades particulares que nada tienen que ver con las leyes. Y es a la acción política a la que le corresponde estar constantemente alerta para conseguir diseñar instituciones y procedimientos (como la división de poderes, el voto secreto o la educación pública y gratuita) que permitan que la sociedad está efectivamente en Estado de derecho.

3. El estado de excepción.

Puede haber ocasiones en las que sea muy difícil cumplir con las leyes universales que caracterizan a una sociedad en Estado de derecho. Imaginemos que un día el ejército del país A (que es una dictadura militar sin división de poderes) intenta invadir el territorio del país B

(que es un Estado de derecho).Las leyes del país B dicen que cualquier decisión habrá de ser tomada por el poder legislativo, por lo que los parlamentarios tendrán que reunirse y ponerse a deliberar y decidir qué se hace. Pero como la deliberación es un proceso bastante lento (ya que hay que escuchar las opiniones y los razonamientos de muchos parlamentarios), puede ocurrir que para cuando se haya tomado una decisión el ejército enemigo ya haya ocupado el país entero. Es verdad que las leyes de ese Estado determinaban que el poder legislativo tenía que deliberar sobre qué hacer y que sólo cuando hubiese tomado una decisión se dedicaría el poder ejecutivo a aplicarla. Pero también es verdad que las condiciones de urgencia particulares en las que se encontraba el país al enfrentarse a una invasión hacían que fuese imposible cumplir con las normas universales. Si el país B insistiese en que tiene que cumplir con las leyes, el resultado final probablemente sería la ocupación del país por parte de la dictadura militar enemiga y la eliminación de todas las leyes que ese país se había dado.

En una situación así, el país B podría decidir suspender temporalmente el funcionamiento de las leyes universales, acabar con la división de poderes, y darle el poder absoluto a un pequeño grupo de personas para que solucione el problema particular que hacía imposible el funcionamiento normal del Estado de derecho. Esta suspensión temporal del gobierno de las leyes universales se llama Estado de excepción. Las situaciones que provocan los Estados de excepción siempre se producen cuando la naturaleza de la sociedad cobra tanta fuerza que se hace imposible domesticarla por medio del derecho. La naturaleza puede sobrecalentar la vida de una sociedad hasta el punto de que lo que muy trabajosamente se había puesto en estado sólido (es decir, en Estado de derecho) comience a derretirse por efecto de alguna fuerza externa y en esa situación se hace necesario recurrir temporalmente a una refrigeración de emergencia que vuelva a poner las cosas en su sitio. Estas fuerzas externas que recalientan la sociedad, impidiendo la conservación del Estado de derecho, pueden ser de tres tipos: medioambientales ( es decir, si un huracán arrasara las costas de un país, podría decretarse el Estado de excepción para conseguir solucionar rápidamente el caos y los destrozos originados por la catástrofe); bélicas( cuando la guerra obliga también a tomar decisiones rápidas y contundentes porque el ejército enemigo está masacrando a la población y no hay tiempo para elaborar nomas universales, interpretarlas, aplicarlas y juzgarlas); o económicas ( cuando algunas grandes empresas o poderes económicos exigen que no se apliquen ciertas leyes porque en caso contrario podrían decidir marcharse a otro sitio, eliminando una enorme cantidad de puestos de trabajo y poniendo a los trabajadores de ese país en una situación de precariedad insoportable).

Los dos primeros tipos de causas son en cierta medida impredecibles y no se puede hacer mucho contra ellos. No está en el poder del Estado impedir, por ejemplo, que haya terremotos; y, hasta cierto punto, si un Estado vecino es una dictadura militar fascista que quiere atacarnos, tampoco el Estado puede hacer mucho para evitar llegar a una situación en que se tenga que decretar el Estado de excepción. Sin embargo, los Estado de excepción económicos sí que son predecibles y se puede hacer mucho para impedir que se produzcan. De hecho, mientras que los dos primeros tipos de fuerzas producen Estados de excepción limitados en el tiempo, la economía capitalista (en la que la soberanía no la tienen ya las leyes universales, sino que toda la sociedad tiene que obedecer los dictados de la naturaleza capitalista de producción) produce una especie de Estado de excepción permanente. Esta situación es permanente porque es la propia manera general de organizarse económicamente la que exige que no haya ya leyes universales que se aplican con independencia de las situaciones particulares (aunque adaptadas ejecutiva y judicialmente a ellas), sino que es la situación particular de los mercados la que ordena a la sociedad qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Por eso, para que una sociedad esté en Estado de derecho es necesario que cierre las puertas a este Estado de excepción permanente provocado por la economía capitalista, impidiendo que sean los mercados los que dicten a cada momento las normas y utilizándolos sólo como una herramienta más para conseguir que la sociedad consiga realizar las normas universales que se haya dado a sí misma.

(Grupo Pandora. Filosofía y Ciudadanía. 1º Bachillerato. Editorial Akal. Madrid. 2011).

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos.

Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo.

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