EL ESTADO

1. El concepto.

Uno de los requisitos de funcionamiento de toda sociedad es un cierto grado de organización. En efecto, toda sociedad aparece como un entramado de fines o metas comunes para cuya consecución parece indispensable una diferenciación de los participantes en relación al poder, que en el caso de las instituciones políticas es sinónimo de autoridad.

Las instituciones de una sociedad están interrelacionadas a pesar de que cada una responda a funciones distintas. Así, las instituciones económicas influyen en las políticas y viceversa.

1.1. El estado-institución.

Las instituciones políticas se encargan de distribuir el poder en la sociedad y constituyen el máximo organismo de control social el Estado.

El sociólogo alemán M. Weber (1864-1920) lo definía como "una comunidad humana que reclama con éxito el uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado".

Los filósofos de la historia, en el siglo XX, distinguieron claramente entre Estado o "sociedad política" y "sociedad civil". El Estado es un territorio delimitado por fronteras donde gobierna un poder político que tiene el soporte de un sistema legal. Este poder tiene la capacidad de crear leyes y de usar la fuerza para hacerlas cumplir. Los elementos que constituyen el Estado son: un territorio, un poder central que legisla y administra, una población que vive bajo las mismas leyes y una red de funcionarios que las ejecuta y hace cumplir.

No debe confundirse la sociedad civil con el estado. El Estado no es la sociedad civil, sino una institución dentro de la sociedad. La sociedad civil está constituida por las relaciones que los humanos establecen libremente entre ellos en su sociedad (familia, empresas, agrupaciones, sindicatos, etc.). El Estado es la estructura política que regula estas relaciones. Es probable que la sociedad civil necesite al Estado (al menos cuando la sociedad adquiere una estructura muy compleja), pero esto no significa que sean la misma cosa.

1.2. Nación y Estado.

El concepto de Estado es diferente al concepto de nación. Aunque cabe identificarlos si se habla de nación política. En este sentido, la nación sería la versión política de la idea de pueblo.

La diferencia entre nación y Estado reside en el tipo de relaciones que se pretenden en un caso y en otro. La nación es una comunidad unida por lazos horizontales, como son la lengua, la cultura o un origen étnico común. El Estado, en cambio, es una institución compulsiva que impone su autoridad sobre la población de un territorio. Para no confundirlas, diferenciaremos entre nación cultural y nación política.

1.2.1. Nación cultural.

La nación cultural suele definirse como comunidad humana, vinculada a un territorio, con claras señas de identidad culturales y psicológicas comunes: una misma mengua, un pasado histórico común y un fuerte sentimiento, al menos por parte de los sectores más dinámicos de la misma, de la posesión de tales características diferenciadoras. Este concepto se mantiene mientras la nación no ha dado el paso a poseer un Estado propio.

Este concepto de nación se asienta sobre una idea prepolítica: la idea de grupo étnico o de "pueblo".

Cuál sea el elemento más determinante de esa conciencia puede depender de diversas circunstancias pero, en todo caso, debe ser suficientemente diferenciador. Normalmente, este elemento servirá de base al movimiento nacionalista para alentar la aspiración a que cada nación tenga su propi organización política.

Cuando esto se produce, surge el Estado como consecuencia de esa ideología, y puede tener más arraigo en la población y llegar a regular más ámbitos que el Estado nacido de otras circunstancias. La revolución francesa proclamó el "principio de las nacionalidades", que fue recogido también en la carta fundacional de la ONU.

1.2.2. Nación política.

La nación política no se forma necesariamente sobre una realidad étnica común. Existen Estados que abarcan más de una nación. En el pasado, los grandes imperios Romano y Austrohúngaro comprendían varias naciones sometidas por el poder de las armas.

Hoy siguen existiendo Estados formados por varias nacionalidades, respetando sus características (federales o autonómicos) o haciendo caso omiso de las mismas (unitarios y centralistas).

Históricamente, la nación político-estatal nace en la Europa Occidental en la Edad Moderna. Surge como modelo de organización política en el que se quiere compaginar el hacer posible el ejercicio de la autoridad, inicialmente del monarca, con el desarrollo de un fuerte sentimiento de solidaridad entre la población por encima y más allá de los particularismos étnicos o culturales.

2. Las funciones del Estado.

Las funciones del Estado son diversas. Por un lado organiza la vida social, somete a los ciudadanos a una legislación y administración comunes, determina los objetivos y prioridades de la sociedad, y mantiene el orden social. Por otro, afronta problemas que solo una organización estatal podría abordar, como la educación o la sanidad para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, la representación de la sociedad en organismos internacionales, etc.

Pero, además, el Estado es un instrumento de control social. Realiza este control mediante el Derecho y la fuerza física para hacerlo cumplir. El Estado dispone de policías, prisiones, tribunales, jueces y ejércitos. Nadie que no sea el Estado puede legislar para toda la ciudadanía, hacer cumplir las leyes, juzgar si se han cumplido y castigar a los infractores. El ejercicio legal de la coerción mediante la fuerza es, por tanto, patrimonio y monopolio del Estado.

Para ejercer dicho poder, el Estado cuenta con instituciones, como los Gobiernos, los Parlamentos, el Ejército, la Hacienda pública o la Administración de Justicia. En general, los ciudadanos y ciudadanas de los Estados modernos tienen la posibilidad de formar parte de las instituciones y conseguir parcelas de poder e influencia que les permite orientar la vida social según sus ideales del bien común.

No obstante, la autoridad del Estado para dictar leyes y el hecho de controlar su cumplimiento se puede cuestionar. ¿De dónde surge la autoridad del Estado? ¿Cómo se puede justificar la pretensión del Estado de ser obedecido por todos?

El anarquismo defiende la idea de que los humanos viviríamos mejor su no existieran los Estados. Considera que para organizar la sociedad humana hay métodos más sencillos y mejores. Para el anarquismo de izquierdas, la sociedad humana (sin Estado) se mantendría unida gracias a una cooperación democrática voluntaria, no habría prácticamente propiedad privada y los principales medios de producción pertenecerían a la comunidad. Para el anarquismo de derechas, o neoliberalismo, el Estado tendría que desaparecer prácticamente en beneficio de la libertad de los individuos. Estos, aprovechando las condiciones de un capitalismo sin límites, colaborarían interesadamente en la construcción de una sociedad mejor. Según esta teoría, el Estado se tendría que reducir a su mínima expresión solo para garantizar la vida y la propiedad, así como la defensa. Sin la intervención del Estado, la libre competencia entre los individuos aumentaría la productividad y la riqueza.

3. Los poderes del Estado.

Desde el siglo XVI los poderes del Estado se han repartido en tres estamentos con independencia recíproca. Cada uno limita y controla los otros dos:

a) El poder legislativo es la capacidad del Estado de elaborar y aprobar leyes, es decir, el Derecho objetivo o positivo. Este poder lo ejerce el Parlamento.

b) El Poder ejecutivo es la capacidad del Estado de dirigir la política interior y exterior del Estado, y de aplicar y desarrollar las leyes elaboradas por el legislativo. El poder ejecutivo es responsabilidad del Gobierno del Estado.

c) El poder judicial es la capacidad de controlar el correcto cumplimiento de las leyes. La Magistratura o Judicatura es la encargada de ejercerlo.

Actualmente los poderes políticos del Estado están en crisis. No solamente por la importancia que han adquirido los medios de comunicación de masas (el llamado "cuarto poder"), sino, fundamentalmente, por la influencia del poder económico sobre cualquier otro tipo de poder. Como apunta Ignacio Ramonet (1943), en nuestra sociedad "se aprecia que el primero de todos los poderes es el poder económico. Y el segundo ciertamente es el poder mediático. De manera que el poder político queda relegado a una tercera posición. Si se quisiera clasificar los poderes [...] se vería que los medios han ascendido, han ganado posiciones y que hoy se sitúan, como instrumentos de influencia (que puede hacer que las cosas cambien), por encima de una gran cantidad de poderes formales".

Por otra parte, la aparición de nuevas necesidades y demandas ha demostrado que la organización estatal y el poder político de los Estados es insuficiente. Hay problemas medioambientales, demográficos, económicos, informativos, de orden público, etc., que no puede solucionar cada Estado individualmente. Por este motivo, aunque el poder político del Estado sigue siendo predominante, cada día aumenta la convicción de que, en un mundo globalizado, son necesarias organizaciones políticas supranacionales o mundiales que sustituyan o complementen el poder de los Estados. Esto no significa que el Estado tenga que desaparecer. Hoy sigue siendo el actor principal de la actividad política, tanto a nivel interno como internacional. No obstante, lo que sí está cambiando es la concepción clásica del Estado como soberano absoluto.

4. La soberanía del Estado.

Una de las prerrogativas características del Estado es la soberanía, entendida como no sometimiento a ninguna otra autoridad. Esta soberanía tiene una vertiente externa y otra interna.

La soberanía "hacia fuera" significa la exclusión de cualquier sometimiento a una potencia o autoridad externa de otro Estado que limite la independencia territorial o la toma de decisiones de sus ciudadanos u órganos de gobierno. La existencia de instituciones como el ejército o las aduanas se justifican en la necesidad de garantizar esta autonomía.

La soberanía "hacia dentro" se concreta en el monopolio de la fuerza en todo su territorio. Cualesquiera que sean sus orígenes, el Estado se reserva el monopolio de la coacción que sólo puede ser ejercida legítimamente en su nombre (policía, ejército, funcionarios de aduanas...) o con su permiso, dentro de ciertos límites (policías autónomas, empresas de seguridad).

Cualquier otro ejercicio de fuerza será considerado ilegítimo y el Estado tenderá a eliminarlo (bandas armadas, insurrecciones, defensa civil...) porque, de no lograrlo, fracasará como tal, y puede dar lugar- como es el caso de una revolución- a que la fuerza opositora se haga cargo, con líderes propios, del gobierno del Estado, buscando ser reconocida como legítima detentadora del poder estatal.

Otro asunto es el modo como se establece y legitima el alcance y contenido de esta autoridad. No parece que deba ser la propia institución política quien determine sus poderes y el contenido del derecho.

Muchos consideran que esta función escapa al campo de la política y es asunto de la ética. En todo caso está claro que los criterios deben estar fuera del alcance de la propia institución del Estado y que el ejercicio de esta soberanía debe tener el límite del bien común y del derecho establecido para que no se convierta la autoridad en dominación y el Estado en aparato represor.

5. Tipos de Estado.

Según la forma del Gobierno, los Estados pueden ser:

a. Estados presidencialistas: el Estado tiene un jefe supremo (presidente), que es también jefe del Gobierno, a cuyos miembros nombra, y dirige el poder ejecutivo con independencia del legislativo. El caso más claro es el de Estados Unidos de América: el presidente no pertenece a las cámaras legislativas, como tampoco los miembros de su gabinete.

b. Estados parlamentarios: el jefe del Estado no tiene responsabilidades políticas. Por su parte, el Gobierno, constituido por representantes de los partidos políticos mayoritarios, tiene el poder ejecutivo. El Parlamento, además de aprobar las leyes, controla y legitima la acción del Gobierno. Este es el tipo de Estado de las democracias europeas: Reino Unido, España, Italia, Alemania...

c. Estados asambleístas: la Asamblea de ciudadanos o Asamblea de representantes del pueblo es el órgano supremo de gobierno. En los Estados asambleístas, el Gobierno es solo un mero ejecutor de las decisiones de la Asamblea popular, aunque en la práctica sean las Asambleas las que convaliden la acción del gobierno. Son asambleístas países como China y Cuba.

Según la naturaleza del jefe del Estado, los Estados pueden ser:

a. Monarquías: cuando el jefe del Estado es un rey, el cual recibe el cargo porque pertenece a una dinastía o familia real. La función del rey suele ser vitalicia, ya que no existe ningún poder para destituirlo; la única manera es la renuncia voluntaria o abdicación. La monarquía puede ser absoluta, cuando el rey asume todos los poderes del Estado, como sucede en Arabia Saudita, o parlamentaria o constitucional, cuando el Parlamento asume la función legislativa; el Gobierno, la función ejecutiva, y el rey reina como jefe supremo del Estado de acuerdo con la Constitución. Este es el caso de España, Reino Unido, Dinamarca, Holanda o Suecia.

b. Repúblicas: hablamos de república cuando el jefe supremo del Estado es elegido directamente por un periodo de tiempo. En este caso, el jefe del Estado se denomina "presidente". Puede haber repúblicas absolutistas, en las que el presidente asume todos los poderes y no reconoce otras fuerzas que puedan oponérsele legítimamente, o repúblicas parlamentarias en las que se acepta la pluralidad política representada en el Parlamento, como es el caso de Francia.

Según el régimen político o la forma en que es ejercido el poder, tenemos básicamente dos tipos de Estados:

a. Totalitarios: cuando el poder se ejerce sin la participación de la población. En los regímenes totalitarios el poder aspira a controlar totalmente la sociedad civil y sus instituciones, así como la vida privada de sus ciudadanos y ciudadanas. Este dominio, que es característico de los regímenes fascistas y comunistas, solo se puede conseguir mediante el uso sistemático de la censura, la imposición ideológica, el aparato policial y la burocracia.

b. Democráticos: cuando el poder se ejerce por delegación y en presentación del pueblo. En los regímenes democráticos, los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad real de participar en el poder, bien sea porque los cargos públicos son accesibles, o bien mediante el voto o la influencia de la opinión pública. En la actualidad, la democracia es proclamada como el fin supremo de la vida política para la mayoría de los Estados. Según el principio de democracia, el poder procede de la ciudadanía, y el gobierno se fundamenta en la libertad de opinión y en el derecho al sufragio universal.

6. El Estado parlamentario.

Los Estados que disfrutan de régimen democrático se consideran Estados de derecho frente a los Estados totalitarios, dictatoriales o de régimen autoritario, en los que no existen garantías legales para los súbditos.

En los primeros, la convivencia social y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas están garantizados por las leyes constitucionales, la separación de poderes y el sufragio universal, como expresión de la soberanía del pueblo.

Dentro de ellos, el régimen parlamentario basa su organización en una distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial- que residen en instituciones diferentes-, que intenta conjugar, al mismo tiempo, la separación de cada uno de ellos con la colaboración e interrelación entre los mismos.

6.1. Las leyes constitucionales.

La convivencia entre los seres humanos se encuentra permanentemente sometida a una tensión entre quien dirige y quien es dirigido. Toda comunidad tiende a dotarse de dirigentes a los que de inmediato también tiende a someter a controles. Esto no es caprichoso ya que la tendencia de todo poder establecido es a aumentar la fuerza y la independencia de su autoridad.

El constitucionalismo dotó a los Estados de un instrumento de control político que obligara a los gobiernos a limitar esa tendencia a la arbitrariedad mediante el sometimiento a una Ley fundamental.

Hoy, prácticamente en todos los Estados, y sin excepción en los democráticos, existe la Constitución como ley suprema a la que todos, gobernantes y gobernados, deben someter sus voluntades y sus actos.

Su objetivo es una convivencia en paz con unas reglas de juego que sean aceptadas por todos. Con este fin es elaborada por una comisión de parlamentarios, aprobada con las "Cortes Constituyentes" y ratificada en referéndum por la ciudadanía.

6.2. La separación de poderes.

La separación de poderes es una de las garantías del Estado de derecho y una forma de evitar la excesiva concentración de poder, al mismo tiempo que un mecanismo de control de cada uno hacia los otros dos.

La organización institucional de los regímenes parlamentarios comprende:

-La Jefatura del Estado, el Monarca o Presidente, según sea el régimen monárquico o republicano.

-El Parlamento, constituido por una o por dos cámaras, según sea monocameral o bicameral.

-El Gobierno, formado por el jefe de gobierno o el primer ministro y los demás ministros.

-La Institución judicial.

6.3. El Parlamento y el Gobierno.

El Parlamento es el órgano de representación por excelencia ya que nace de la voluntad popular. Ésta, sin embargo, no se ejerce directamente sino a través de los partidos políticos que se han constituido en mediadores de esa voluntad ante el Estado. Por esta razón, el funcionamiento concreto de los regímenes parlamentarios depende del sistema de partidos y de cómo, a partir de ellos, se forman las mayorías parlamentarias.

De estas mayorías surge el Gobierno, poder ejecutivo, que necesita contar para su investidura con el apoyo mayoritario del Parlamento, y mantenerlo para evitar que sea forzado a dimitir por la moción de censura. En contraposición, el Gobierno, a su vez, puede disolver el Parlamento, lo que pone de manifiesto la necesidad de comunicación t relación de apoyo, al tiempo que de control, de los dos poderes entre sí.

Todas las leyes se aprueban en el Parlamento, según el procedimiento establecido en la Constitución y en el Reglamento de la Cámara, pero la iniciativa legislativa corresponde tanto al Parlamento como al Gobierno mediante las "proposiciones de ley" y los "proyectos de ley", respectivamente. El Gobierno tiene, además, la facultad de hacer los reglamentos.

6.4. El poder judicial.

Junto a los poderes legislativo y ejecutivo, toda sociedad se dota de medios que hagan efectivo, y no supeditado a intereses particulares o de grupo, el mantenimiento del orden social establecido.

Para mantener el orden social, es fundamental la institución judicial. Ahora bien, la relación que guarda la institución judicial con las otras instituciones del Estado determina también el tipo de régimen del que se trata. La independencia de los jueces respecto de los otros dos poderes es característica básica de los regímenes democráticos, en los que, sin embargo, no está totalmente asegurada ni libre de problemas y dificultades.

La independencia del poder judicial se garantiza mediante.

-La inamovilidad de los jueces, por la que sólo pueden ser suspendidos de su cargo o trasladados por los motivos que expresamente determinen las leyes.

-El autogobierno, o dependencia disciplinaria de un órgano propio (en España, el Consejo General del Poder Judicial).

-La justicia única, que consiste en la existencia de una única forma de aplicar la justicia a la ciudadanía, según el principio de que todos y todas somos iguales ante la ley.

6.5. La participación de la ciudadanía.

El sufragio universal constituye el fundamento de la democracia representativa, que se caracteriza por ser una forma de participación en la que el ciudadano elige con su voto a los gobernantes o a sus representantes en las instituciones, especialmente en el Parlamento, considerado como la institución de máxima representación. Éste recibe del mandato popular la capacidad legítima de hacer las leyes e intervenir decisivamente en la elección del gobierno: la mayoría parlamentaria decide el Gobierno, que hace del Parlamento la institución directora del Estado y la expresión por excelencia de la soberanía nacional.

Rousseau estableció el principio de soberanía popular, según el cual la soberanía reside en la totalidad de los ciudadanos, a cada uno de los cuales le corresponde, de manera inalienable, una parte de esa soberanía.

Este principio llevaría consigo la exigencia de una representación no delegable que constituiría la llamada democracia directa. En la práctica, esta participación no delegada se da en pocas ocasiones, si acaso en las consultas por referéndum, en las que se somete a votación directa algunas cuestiones que se consideran de particular interés para la ciudadanía. También hay una aproximación a esta participación en la iniciativa legislativa popular, que permite a los ciudadanos y ciudadanas particulares abrir un proceso para lograr que se elabore o se derogue determinada ley.

Las formas de participación que cada régimen democrático tiene establecidas están recogidas en su texto constitucional. En el caso de la participación por representantes, éstos son elegidos por sufragio universal. Hay que reconocer que existe una relación conflictiva entre democracia y representación, dado que cuanto más se acentúa la representación menos lugar queda a la participación directa de la ciudadanía. Con todo, el sistema representativo aparece como la fórmula más aceptable de relación entre gobernantes y gobernados, hasta el punto de hacer preferibles los regímenes democráticos a todos los demás.

7. La democracia.

La democracia, más que un régimen político, es una concepción filosófica basada en dos principios esenciales e irrenunciables: la igualdad de derechos de los individuos y la igualdad de voto.

La democracia es un sistema político reciente. Aunque sus raíces están en la Grecia clásica, la democracia moderna tiene aproximadamente 300 años y representa una verdadera conquista moral de la humanidad, porque la democracia, además de un sistema político, es un valor. La democracia se fundamenta en la convicción de que todos los seres humanos nacen iguales y libres y, por ello, deben tener las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades naturales y disfrutar de los mismos derechos. Los valores fundamentales sobre los que se constituye la democracia son la libertad, la igualdad y la justicia.

En democracia, cada individuo puede participar en el funcionamiento del Estado, ya que se admite que la ciudadanía es la depositaria del poder. Así pues, en los países democráticos, los ciudadanos y las ciudadanas pueden controlar el poder legislativo, ejecutivo y judicial, bien a través de la participación directa (democracia directa), bien por medio de la elección de representantes que constituyen el Parlamento (democracia parlamentaria o constitucional), bien a través de los jurados populares. Además, en el sistema democrático es fundamental la independencia recíproca de los diferentes poderes y la pluralidad de partidos políticos, que manifiestan la libertad de opinión, de asociación y reunión de la ciudadanía.

En síntesis, para hablar de democracia son indispensables las siguientes condiciones:

a. El poder emana del pueblo, que es soberano, y todo el pode del Estado se ejerce en nombre y en representación del pueblo.

b. Todos los ciudadanos y ciudadanas tiene libre acceso a la actividad política.

c. Los gobernantes son elegidos periódicamente mediante sufragio universal. Las elecciones son libres y competitivas entre una pluralidad de opciones políticas. El voto es personal, directo y secreto.

d. Los ciudadanos y ciudadanas controlan el ejercicio del poder a través de mecanismos de control institucionalizados (Parlamento, Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo...) y de otras vías no institucionalizadas (manifestaciones, huelgas, medios de comunicación...).

e. Libertad de asociación en organizaciones independientes del poder político (partidos, asociaciones, confesiones religiosas...).

f. Garantía de los derechos fundamentales (la vida, la libertad, la propia seguridad, la propiedad...).

g. Libertad, pluralidad y veracidad de la información, a la cual deben tener libre acceso los ciudadanos y las ciudadanas. Ausencia de censura en los medios de comunicación e información.

DESAHUCIOSCuando un Estado democrático, además, está sometido a las leyes que el propio Estado dictamina, hablamos de Estado democrático de Derecho. Se trata de un Estado democrático en que la ley se aplica por igual a gobernantes y gobernados, el poder legislativo predomina sobre el ejecutivo y el judicial, y se reconocen los derechos y las libertades fundamentales a toda la ciudadanía. En el Estado de Derecho la violencia legítima del Estado debe estar limitada por el propio Derecho. El Estado no puede ni debe, de ningún modo, responder al delito con el delito. El Estado no puede responder al terrorismo con el terrorismo.

Las características definitorias del Estado de Derecho son las siguientes:

a. Imperio de la ley: la ley rige a gobernantes y gobernados como expresión de la voluntad general, es decir, creada por la libre participación y representación de todos los ciudadanos y ciudadanas.

b. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, con predominio del poder legislativo, que primero se expresa en la Constitución y luego en el Parlamento. El Parlamento representa la soberanía popular y es la institución que da legitimidad y legalidad al Gobierno.

c. Fiscalización de la administración: todos los órganos institucionales del Estado están sometidos a la legalidad vigente, así como a un eficaz control por parte de los órganos constitucionales y jurisdiccionales. Debe existir la prohibición de la arbitrariedad y el respeto estricto a la legalidad por parte de todos los funcionarios y representantes del Estado.

d. Derechos y libertades fundamentales. Reconocimiento y respeto de los derechos civiles, políticos y jurídicos, con las debidas garantías jurídicas, penales y procesales.

Cuando a las características mencionadas se une el reconocimiento y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado democrático de Derecho deviene Estado social y democrático del derecho.

Así pues, el Estado social y democrático de Derecho representa la satisfacción de las exigencias éticas reclamadas a lo largo de la historia, y pretende hacer efectivas las pretensiones y esperanzas humanas de reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas.

Los estudios superficiales en filosofía pueden conducir al ateísmo

Autor: Francis Bacon

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